La Delegación del Gobierno en Canarias no ha tramitado las propuestas de sanción que los militares elevaron al menos durante los primeros ocho días
Ley Mordaza
La Dirección General de la Policía en una nota informativa interna recomienda priorizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, por considerarla “ágil y contrastada”i. La mayor parte de esas multas son por el artículo 36, que prevé multas de hasta 30.000 euros por “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “negativa a identificarse”. Se aplica sin un protocolo preciso y a discrecionalidad de la fuerza represiva. Y la declaración de estado de alarma aun prevé penas superiores de hasta un año de prisión y 600.000 euros de multa por el Código Penal. Y por si la Ley mordaza no fuera suficiente, la recién aprobada ley “mordaza digital” (con la abstención de Unidas Podemos) ahora se completa con el control directo de los movimientos de cada persona con los geolocalizadores de los móviles, sin necesidad que se dé consentimiento.
El Gobierno PSOE-Unidas Podemos que se comprometió a derogar la Ley Mordaza, hoy la aplica a discreción. En 2018 con gobierno del PP se impusieron 48.922 multas. Sólo hace un mes, el 11 de febrero, el ministro del Interior, declaraba la Ley mordaza “fallida” y que su aplicación había “colapsado las delegaciones del Gobierno con denuncias”. Pedro Sánchez había afirmado «Vamos a avanzar en derechos, derogando la ‘ley Mordaza’ porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión«.
Los generales condecorados –en una imagen franquista clásica- toman el protagonismo a los médicos y científicos haciendo una y otra vez llamados patrióticos a la unidad y la disciplina militar, poniendo el foco en la denuncia a vecinos (Mossos d’Esquadra pide a la población que se le hagan llegar las denuncias), a quienes se identifica -en un lenguaje de guerra- como enemigo. Se eleva a la categoría de héroes a las fuerzas armadas y cuerpos represivos con la impunidad que les otorga la Ley mordaza.
Nadie se extrañará que, en este contexto, haya infinidad de denuncias y vídeos que recogen situaciones humillantes y detenciones con violencia policial. También denuncias –como la de SOS Racismo- contra la proliferación de abusos policiales contra la población migrada. El estado de alarma se transforma –con la Ley Mordaza- en un estado de excepción porque la respuesta del gobierno del PSOE-Unidas Podemos antepone el control de la gente a la dotación de medios para afrontar la emergencia sanitaria.
Ada Colau: ¿militares o bomberos?
Públicamente la ministra titular de Defensa, Margarita Robles, emplazaba a Pablo Iglesias a que activara las peticiones de intervención de las fuerzas armadas. Así ha sido en Barcelona: el 23 de marzo la alcaldesa Ada Colau, de Comuns-Podemos, agradecía a la Unidad Militar de Emergencias (UME con el despliegue de 85 efectivos, prescindibles para el cometido) su colaboración para montar, en uno de los pabellones de Fira de Barcelona, un centro para personas sin techo. A diferencia de París, donde se ha acogido a los sin techo en hoteles, el gobierno de Colau, en una ciudad con más de 70.000 plazas hoteleras, ha optado por este macrocentro, que puede convertirse en una bomba de relojería sanitaria y social, y al que muchos sin techo se resistirán a acudir voluntariamente (paralela es la situación de uno de los pabellones de IFEMA en Madrid).
Al día siguiente tres sindicatos (CCOO, CSC, CGT) y hasta diez entidades de bomberos se dirigían por carta pública a la alcaldesa Ada Colau reclamando su mayor implicación y sintiéndose “infrautilizados”. Dicen: “estamos altamente cualificados/as para lo que ahora mismo necesita la ciudad, somos conocedores de la logística sanitaria, sabemos trabajar en equipo, y como muy bien sabe –le recuerda- la ciudadanía confía en nosotros”. La carta sigue, disponiéndose a doblar horarios, guardias… sin dejar de realizar las tareas ordinarias. Y acaban, pidiéndole que dé las órdenes para que sean activados.
También la Generalitat ha pedido la intervención de la UME para la desinfección de un centro de menores. La entrada del ejército en Catalunya es una provocación y un intento de blanquear las instituciones del régimen.
El virus de la militarización
Se está blanqueando en esta crisis el ejército, cuando lo que hay que denunciar es que gasta más del doble que la sanidad, cientos de miles de millones de euros que hoy hubiera necesitado el sistema público de salud.
Con los discursos militares y represivos se fomenta la desconfianza entre vecinos, la delación, el individualismo y el miedo. Se potencia el aplauso de la acción policial, y cualquiera que defienda a quien es reprimido puede ser a la vez multado o detenido. Se pone en el punto de mira al vecino, cuando mucha mayor es la responsabilidad de los empresarios o el gobierno que hasta el último momento han mantenido abiertas las empresas, y obligado a los y las trabajadoras a salir a la calle. Se traslada la culpabilización a la gente, cuando el único culpable es el estado y sus gobiernos, que están respondiendo tarde y mal a la crisis sanitaria, que desmantelaron la sanidad pública, que llenaron los bolsillos de la sanidad privada, que no se prepararon para enfrentar la epidemia hasta que la tuvimos encima.
Pero el gobierno no sólo teme el presente de la pandemia, sino lo que vendrá después. Y la militarización será el puente entre los planes de confinamiento y los planes de reconstrucción posteriores, siempre apelando a la excepcionalidad y la unidad. Y que pretenderá que paguemos los y las trabajadoras.
El poder se enroca y se recentraliza, y a su servicio no sólo el PSOE, también Podemos e IU. Pablo Iglesias (14 octubre 2014) afirmaba que la Ley mordaza vulneraba derechos fundamentales, y añadía: «Cuando la casta se siente acorralada recurren a leyes represivas. Están nerviosos y quieren recortar la democracia”. La clase dominante, la casta de Iglesias, se prepara para una escalada de la lucha de clases ciertamente impredecible, la del postcoronavirus. Es cierto que está nerviosa y quiere recortar la democracia. Quizás, cuando llegue el momento de esas confrontaciones decisivas, Iglesias y Garzón no estén ya en el gobierno y veamos fórmulas de gobierno de unidad nacional, es decir de lucha aguda entre las clases, con la colaboración del PSOE y del PP. Pero IU y Podemos ya habrán hecho el trabajo sucio a la casta.
Desmilitarización y trabajo colectivo
La unidad entre los y las trabajadoras ha sido siempre el principal instrumento para afrontar situaciones de crisis. Cuando los bomberos destacan la confianza que tiene la ciudadanía en ellos, por oposición a la policía y más aún al ejército, saben que éste es un elemento central para mantener la colaboración, y es la base de la verdadera unidad.
Pero hay numerosos ejemplos de solidaridad desde el primer momento. Ha sido fundamental entre vecinos en la ayuda a la gente mayor y con más dificultades, pero va a ser vital y decisiva a la salida de la crisis. No va a haber tregua y van a intentar retrasar al máximo que recuperemos los derechos de reunión y manifestación. ¿Cómo van entonces a prescindir de la Ley mordaza que tanto han aplicado? ¿Nos querrán devolver a otra situación de excepcionalidad?
Pero no podemos dejar así las cosas. El clamor para que los presupuestos consoliden la sanidad pública no puede apagarse ni por un momento. Lo mismo que la crisis, que ya está instalada, tienen que pagarla los capitalistas. No habrá tregua y nos estaremos jugando el futuro. Un futuro que se estará librando al mismo tiempo en numerosas partes del mundo, porque el capitalismo ha globalizado el problema y también está internacionalizando la solución. Hoy es más urgente que nunca levantar la más amplia unidad que prepare la movilización. Hoy es más urgente que nunca construir un partido revolucionario y una Internacional. Porque esta crisis ha vuelto a poner encima de la mesa una disyuntiva de toda la humanidad: Socialismo o barbarie.
30 de marzo de 2020
Lucha Internacionalista
Sara 